Es importante que los ciudadanos se apropien de las agendas internacionales

(global y regional) de desarrollo con el fin de lograr trabajos colaborativos entre la

sociedad civil y el Estado para garantizar la aplicación a nivel nacional y subnacional.

En materia de salud sexual y reproductiva eso significa fortalecer el trabajo de las

entidades públicas con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción

y garantía de los derechos de la población LGBTI, personas con discapacidad y de las comunidades indígenas y afrodescendientes, con el fin de identificar los retos en la atención en salud sexual y reproductiva en contextos de diversidad, así como para generar escenarios de discusión y de formación de funcionarios públicos en estos temas. También es importante que se promuevan, entre otras cosas, los espacios comunitarios y los mecanismos de participación política como alternativas para la formación, educación e incidencia en salud sexual y reproductiva

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La Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo promueven el diseño e implementación de políticas públicas que focalizan esfuerzos y recursos para atender a las comunidades más vulnerables. Esto se observa en el principio de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda, y en la aplicación del enfoque diferencial del Consenso. Así las cosas, es importante que tanto los tomadores de decisión como los implementadores de las políticas en salud sexual y reproductiva, se aproximen al enfoque diferencial y de género como una dimensión de la implementación.

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Uno de los grandes retos para lograr la implementación de la Agenda 2030 y del Consenso de Montevideo es el de garantizar el acceso y la disponibilidad de datos estadísticos confiables y desagregados por sexo, edad, raza, discapacidad, variables culturales y ubicación geográfica en materia de salud sexual y reproductiva. Los indicadores no solo deben dar cuenta de los avances en la implementación de estas políticas, sino, igualmente, de los efectos redistributivos de las estrategias de intervención que se definan.

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El nivel subnacional ocupa un lugar fundamental en la implementación de las políticas en salud sexual y reproductiva en la medida en que las entidades territoriales deben traducir las metas en programas y proyectos específicos que reconozcan el contexto, las necesidades y las problemáticas a nivel local. Las estrategias o metas que se definan podrían hacer parte de instrumentos de planificación local, tales como los planes de desarrollo o los planes territoriales de salud.

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